actualizado a 29/03/2012 13:35 hrs.
La repentina apertura del gobierno a las demandas de Aysén ha generado un vuelco en la situacion política nacional y ha sido un avance de alto costo político. Se debilita la apuesta política del gobierno de no negociar mientras las movilizaciones sociales no se comporten según el entendimiento autoritario del 'orden público'. Fue advertencia a otros probables conflictos en una sociedad en movimiento. Dirigida a la movilización estudiantil hoy por lo demás alertada por los dichos de una ya cuestionada comisión de expertos que acaba de descartar sin más una gratuidad de la educación superior - asunto que sería una opinión más en el debate si no fuese porque la comisión fue creada por el propio gobierno. En el actual contexto ésta parece más bien una provocación ideológica gratuita - que reafirma el conocido rechazo oficialista a la demanda de la mesa social. Cuando Aysén ya mostró el riesgo del lado autoritario del gobierno y del uso represivo de las Fuerzas Especiales como agente paramilitar para diluir protestas - así como el uso de la Ley de Seguridad Interior del Estado para el amedrentamiento estatal frente a la expresión de una desobediencia ciudadana que no se rige por lo que el gobierno cree debe ser el orden publico. Lo que los estudiantes no lograron en un año de movilizaciones -lo lograron los ayseninos en un mes: llevar a las autoridades a entablar una negociación, logrando un repliege de la violencia represiva material y legal.
El repliegue de la apuesta autoritaria genera ahora también un principio de crisis gubernamental. La renuncia del Ministro de Energia Álvarez ha abierto una vez más la ya permanente crisis de ajuste en el oficialismo, entre RN y UDI, partido del renunciado ministro. En un ámbito complejo - la energía - que por sus impactos ambientales y la presión de poderosos intereses empresariales podría afectar a la Patagonia chilena. El recién nombrado ministro subrogante - uno de muchos nombramientos en dicha cartera durante la presidencia Piñera - ilustra inestabilidad y discontinuidad en políticas de Estado. La respuesta presidencial de que el país cuenta con política y agenda de energía parece más deseo que realidad.
La crisis política actual permite entrever, a lo menos, una actitud oficialista alternativa al cruento abuso de la fuerza frente a demandas legítimas. ¿Qué más legítimo que la demanda de estudiantes por educación? ¿O aquella de la población de Aysén por mejoras básicas? Al intentar eludir demandas y reconocerlas sólo bajo intensa presión - el presidente Piñera deja pasar su oportunidad de resolver oportunamente crisis que han coincidido con su período presidencial y por las cuales probablemente será medida su presidencia. Es además probable factor importante en las próximas elecciones municipales. Y si la sociedad continua en movimiento, para las legislativas y presidenciales del año próximo.
La desordenada gestión política de la emergencia del reciente sismo, de órdenes y contraórdenes de evacuación en la costa de Maule, indica que no se han logrado avances visibles y consistentes en la prevención y gestión de emergencias. La fuerte réplica puso también a prueba dicha gestión en ausencia del Presidente.
A su regreso encontrará también a una sociedad conmovida y horrorizada por la muerte del jóven Daniel Zamudio, agredido y torturado por neonazis cuya crueldad revela su propensión destructora de vida. La indiferencia del Estado chileno a las actividades neonazis en el pais es insostenible e incompatible con un Estado de Derecho que se ve ahora también manchado por el horror de este crimen. El proyecto de Ley antidiscriminación llega tarde; su dilación legislativa no ha logrado prevenir un crimen ahora indeleble en la memoria del país.
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