Durante más de un mes, el prolongado conflicto de Aysén nos había mostrado, en cámara lenta, lo que es un movimientos ciudadano de demandas regionales. Con anterioridad, el movimiento de Magallanes había dado una primera señal. Señas contra las injusticias de un crecimiento cuya riqueza se concentra en Santiago y que de manera atávica discrimina a regiones. En Chile, ir a regiones es viajar a otro mundo, sobretodo tras el terremoto y tsunami de febrero de 2010. En estos casos (también Arica y Calama) se trata de protestas en lugares calificados de 'remotos' (los que, además, por representar pocos votos para algunos políticos tal vez no parecerían importantes), en un país donde sus distancias se miden en miles de kilometros y sus desigualdades regionales en enormes brechas de niveles de vida y de calidad de los servicios básicos. En Aysén, los precios y las dificultades de abastecimiento de combustible además de las demandas de los pescadores y demás gremios no parecerían sin embargo problemas desmesurados para un país que se considera casi desarrollado y gobernado por gente de fortuna.
Aparentemente lo inaceptable para un gobierno de derecha ha sido la demanda ciudadana misma - como lo fue y probablemente sigue siendo aquella de los estudiantes . Tras más de un mes de dilaciones, el gobierno Piñera acepta ahora súbitamente un diálogo real. De pronto todo se ha acelerado. El gobierno ha 'cedido' a dialogar directamente con los dirigentes del movimiento regional cuya maltrada población (de Aysén), víctima reciliente de la violencia de las Fuerzas Especiales y de la aplicación de una ley de seguridad interior del Estado - había desmostrado en noches recientes no ceder caminos ni puente ante los abusos. La violencia local generada por la represión de las fuerzas especiales contra las personas, hombres y mujeres, alcanzó niveles inéditos. Se generaba el riesgo de un conflicto mayor. De allí surge tal vez el viaje de sus dirigentes a La Moneda, donde fueron recibido por el Vicepresidente Rodrigo Hinzpeter, encargado justamente de las FFEE y de la aplicación de la Ley de Seguridad.
Esta reunión en La Moneda viene a ser el momento de conversaciones de paz, de conversaciones cara a cara cuando la situación había alcanzado su momento de tensión y riesgo más grave. Los dirigentes, representantes patagónicos, mostraron gran asertividad política al viajar a la capital. Más allá del empeño de las autoridades por parecer hoy dialogantes y generosos y cuando la situación parece dar un giro real hacia medidas que responden a las demandas de la población de Aysén: queda la perturbadora verdad de que el gobierno realizó esta vez una desmesurada desmostración de fuerza, muestra de inuscitada violencia estatal, al hacer de las fuerzas especiales y de la Ley de Seguridad Interior del Estado sus instrumentos políticos privilegiados para la resolución de conflictos.
Con ello algo en Chile ha cambiado de manera significativa. Los parlamentarios de oposición, organizaciones de DDHH, organizaciones sociales y estudiantiles enfrentan la difícil tarea de reconducir al gobierno a la razón política en democracia: quedan aún dos años de gobierno de derecha de propensiones autoritarias. Cuando toma poder tal deriva represiva que hace de las fuerzas especiales una fuerza paramilitar ejecutora de la voluntad gubernamental - tal como se ha visto recientemente en acción - más cercana a la violencia de la dictadura que al respeto a las manifestaciones cuidadanas y a la integridad individual en democracia - los partidos políticos de oposición - de la Concertación y de la izquierda tiene el deber de poner límites claros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario